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Reconocen indígenes zapatistas avances en salud y educación
Admin el 01-06-2010, 16:17 (UTC) | | | Indígenas zapatistas de Las Cañadas reconocieron avances en sus comunidades, sobre todo en servicios de salud y educación.
Asimismo, manifestaron su deseo porque continúen los trabajos en esa zona, pues subsisten graves condiciones de marginación.
Mariano Vázquez Pérez, agente municipal del ejido Guadalupe Tepeyac, señaló que para esa zona indígena es de suma importancia la instalación de un campus de la Universidad Intercultural de Chiapas, debido a que no hay ninguna escuela que imparta educación superior a los indígenas.
Procedentes de comunidades con elevada presencia de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como Guadalupe Tepeyac, La Realidad, Momón, El Edén y Poza Rica, los indígenas admitieron que hay logros en la pavimentación y acondicionamiento de los caminos.
'Antes nos llevaba hasta 12 horas llegar a Guadalupe Tepeyac porque la lluvia destruía la carretera', recordó Vázquez Pérez al reportar que ahora el trayecto de 84 kilómetros de Las Margaritas a esa comunidad se cubre en dos horas, y 'ya podemos viajar más tranquilamente'.
Cabe señalar que esas comunidades son de alta presencia de zapatistas; incluso, la conocida como La Realidad es considera como el bastión principal del EZLN, pues allí está la comandancia general y presuntamente en ese lugar también está refugiado el llamado subcomandante 'Marcos'.
Además, el hospital del Seguro Social, que fue equipado, sirvió varios meses como sede de la comandancia, pero ahora es un lugar en el que son atendidos los enfermos de las comunidades zapatistas ubicadas en plena Selva Lacandona, agregó Vázquez Pérez.
Según los usos y costumbres de estas comunidades asentadas en la zona de Las Cañadas, después de agradecer los avances mencionados, los indígenas manifestaron su compromiso de seguir trabajando a favor del desarrollo de sus comunidades.
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Carta en La Jornada, caso Laura Castellanos
Admin el 01-06-2010, 16:11 (UTC) | | | Periodista denuncia hostigamiento
Soy periodista independiente, autora del libro México armado (1943-1981) y Corte de caja, entrevista con el subcomandante Marcos, y escribo en la revista Gatopardo. Recurro a este espacio para denunciar la intimidación creciente sobre mi ejercicio periodístico, enfocado particularmente en movimientos radicales y guerrilleros. He sido víctima de vigilancia, intervención telefónica y cibernética, y en días pasados, aprovechando mi ausencia por un viaje de promoción de mi obra, ingresaron a mi departamento por el balcón. No fue un acto de delincuencia común, pues no sustrajeron nada de valor. Se dirigieron al baño y defecaron y orinaron, además de que manipularon mis objetos de uso personal. Dejaron abierta la ventana del baño y del balcón para que fuera ostensible su paso. Lo único que sustrajeron fue la libreta de reportera que tenía al lado de la computadora. Al día siguiente un hombre en bicicleta con apariencia castrense rondó mi edificio, y al ser descubierto ocultó su rostro.
Los actos de vigilancia hacia mi persona y domicilio fueron evidentes. Interpondré una denuncia en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR. No porque crea en su justicia, sino para que mi nombre quede para la posteridad, en los archivos de la ignominia. Artículo 19 afirma que 65 por ciento de las agresiones a periodistas de México en 2009 fueron perpetradas por el Estado. Hago responsable de cualquier acto contra mi integridad y la de mi familia al gobierno de Felipe Calderón. Sigo con la pluma en la mano.
Laura Castellanos
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México: El Creciente acoso hacia Reportera de Investigación es causa de Preocupación.
Admin el 28-05-2010, 11:05 (UTC) | | | México: El creciente acoso hacia reportera de investigación es causa de preocupación
En un clima marcado por la violencia y la impunidad, la periodista Laura Castellanos continua siendo objeto de actos de intimidación a causa de sus reportajes sobre grupos armados y movimientos radicales. El acoso de la periodista pone en evidencia la urgente necesidad de que el Estado Mexicano instrumente un mecanismo de emergencia para proteger a los periodistas en riesgo.
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
El reciente allanamiento a la casa de Castellanos se une a la larga línea de actos de intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia. Castellanos estaba en Paris cuando sucedió el incidente el pasado 10 de Mayo, al estar promoviendo su último libro titulado “México Armado”. Castellanos es una renombrada periodista freelancer de investigación actualmente trabajando para la Revista Gatopardo, con más de 20 años de experiencia investigando principalmente temas relacionados grupos armados y movimientos radicales que operan en México, así como lo relacionado con derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Castellanos explicó a ARTICLE 19 que, cada vez que aparecía en los medios para promover su libro o presentar alguna investigación, generalmente un incidente de seguridad tiene lugar durante los siguientes días. “Soy consciente que el objetivo es intimidarme y silenciarme”, dijo Castellanos. “Ya que he decidido continuar mi trabajo, lo que realmente me preocupa es el hecho de la intensidad de cada acto ha incrementado gradualmente”.
ARTICLE 19 ha incluido a Castellanos en su programa de protección a periodistas y el equipo de abogados ha iniciado acciones legales, incluyendo una demanda y una investigación clara, para que ella pueda continuar informando al público sin temor. Un informe reciente de ARTICLE 19 titulado “Agresiones a la Libertad de Expresión en México” muestra que, en el 2009, 65.5% de todos los casos de agresión a periodistas fueron perpetrados por agentes del Estado y 28% los llevaron a cabo miembros del Ejercito u otras instituciones militares y policiacas. Independientemente de este hecho y de las recurrentes declaraciones hechas por las autoridades, el Estado Mexicano todavía no ha implementado un mecanismo de seguridad para proteger a periodistas y personas que defienden derechos humanos que están siendo amenazadas.
ARTICLE 19 llama al Estado Mexicano a proteger y defender a los periodistas, especialmente cuando estos difunden información vital para el público como es el caso de Laura Castellanos. Además, llamamos al Estado Mexicano a que, de acuerdo con el derecho internacional, se abstenga de intervenir en el flujo de información y, a que capacite de manera adecuado a los miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de seguridad para que protejan el derecho a la libertad de expresión bajo su jurisdicción.
Castellanos ha publicado dos libros, “México Armado: 1943-1981”, el cual contextualiza el proceso de radicalización de los grupos políticos durante la segunda mitad del Siglo Veinte, y “Corte de Caja” que contiene una amplia entrevista con el Subcomandante Marcos, líder militar del EZLN, (el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional), un grupo armado operando en el sureste de la región, en la cual habla sobre la continua estrategia de contra-insurgencia emprendida por Estado. Esta fue la última entrevista concedida por el líder rebelde desde 2007.
Castellanos fue la primera reportera en publicar un testimonio con nombre y apellido de un miembro de las fuerzas armadas en relación con las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante las décadas de los 70 y 80 en contra de disidentes políticos. El trabajo de Castellanos es considerado un punto de referencia para los medios, estudiantes y grupos de derechos humanos que abogan por el derecho a la verdad respecto a los eventos de la llamada “guerra sucia”.
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El estado de impunidad en México
Admin el 26-05-2010, 18:47 (UTC) | | | Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.
Al dar vuelta en una curva en una remota carretera del sureño estado de Oaxaca los observadores internacionales de derechos humanos, encontraron el camino bloqueado por rocas. Decidieron que seguir adelante sería peligroso, pero no sabían que dar vuelta, sería mortal.
Cuando las camionetas empezaron a dar vuelta, unos hombres armados y enmascarados bajaron de los cerros y abrieron fuego contra los vehículos. Algunas de las personas se dispersaron entre la maleza. Otros tuvieron suerte y esquivaron las balas. Dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza –Bety Cariño, del grupo mexicano de derechos humanos CACTUS derechos y líder de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación y el observador de derechos humanos de Finlandia Jyri Jaakola.
Este grupo de activistas pro-derechos se dirigía a la aldea de San Juan Copala en la región indígena Triqui de Oaxaca. Esta aldea está sitiada y aislada por paramilitares locales pertenecientes a un grupo llamado UBISORT, al parecer fundado por el partido del gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La caravana incluía periodistas, activistas de Oaxaca y observadores internacionales de derechos humanos que conocían los riesgos, pero decidieron llevar a cabo la misión porque en eso consiste la tarea de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La vida de los aldeanos estaba en juego y el permitir que un pueblo sea tomado como rehén por un grupo armado ilegal, sin que nadie levante la voz, sienta un precedente peligroso para la sociedad.
Los asesinatos de quienes defienden los derechos indígenas y sus recursos, son comunes en la región Triqui -decenas de personas han sido asesinadas, incluyendo, en 2008, dos mujeres de la estación de radio comunitaria de San Juan Copala. Después de un jefe paramilitar amenazó al grupo para que se abstuvieran de entrar a territorio controlado, los líderes del grupo de defensores dieron aviso al gobierno del estado de las amenazas recibidas. El ataque tuvo lugar en las mismas narices del gobierno del estado y con conocimiento previo de los riesgos anunciados.
Reciclaje de la Violencia ¿Cómo se convirtió en un torbellino de violencia un pueblo perdido en la Sierra Madre?
La región Triqui ha padecido una cuota mayor de conflictos violentos. La mayoría de los investigadores se refieren a las últimas décadas de conflictos entre grupos de triquis que se dividen en facciones enfrentadas con frecuencia alarmante. Pero esta situación tiene mas alcances. Desde la época prehispánica, las comunidades Triquis se han visto atrapadas en un ciclo de violencia alimentada por el despojo de recursos, la rebelión y la represión. El mismo patrón se repite a través de cada etapa de su sangrienta historia, como lo documenta ampliamente un reciente estudio realizado por el abogado e investigador mixteco Francisco López Bárcenas.
El ciclo pudiera haber sido detenido o al menos atemperado si en algún momento el gobierno hubiera cumplido con el mandato de administrar justicia a los pueblos indígenas de la región. En cambio, el gobierno sofocó las rebeliones al tiempo que los intereses externos desangraban la región. En 2007, el pueblo de San Juan Copala, se separó de un gobierno que eludió proteger a su pueblo y se declaró municipio autónomo. La represión al pueblo aumentó.
Estado de Impunidad
Para entender cómo, un grupo armado pueda atacar con intención de matar a un grupo de activistas internacionales de derechos humanos y esperar salir impunes, es imprescindible conocer esta historia. Mantos de impunidad y de injusticia han cubierto los crímenes en Oaxaca desde hace años.
Oaxaca no es un Estado común. En 2006, los oaxaqueños tomaron la capital del estado exigiendo la destitución del gobernador Priista Ulises Ruiz. Durante casi seis meses, un movimiento sin precedentes de maestros sindicalizados, amas de casa, estudiantes, indígenas, campesinos y una variedad de otros sectores de la sociedad tomaron la ciudad. La policía federal fue enviada para retomar el control al tiempo que gobernador del estado se mantenía escondido, negándose a dimitir. Durante esos sangrientos meses, 26 miembros del movimiento de protesta fueron asesinados y cientos más capturados, golpeados y sometidos a tortura psicológica.
En 2008 fui a Oaxaca como miembro de una delegación internacional de derechos humanos que obtuvo testimonios de las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Nuestro equipo se instaló en un salón de una iglesia y en cuanto abrimos las puertas nos llovieron las quejas. En cuatro días llevamos a cabo más de 150 entrevistas que dibujaron un panorama de crisis en los derechos humanos, acompañados por una impunidad total con respecto a acciones cometidas por el Estado.
Escuchamos testimonios conmovedores y a menudo entre lágrimas. No se trataba de delitos menores. Algunos relatos se remontan a la represión de finales de 2006, con informes de manifestantes conducidos con los ojos vendados a un helicóptero donde les decían que serían arrojados al Océano Pacífico –práctica común durante la guerra sucia de México de los años setenta, y copiosos recuentos de sucesos mas recientes acerca de líderes de base de asesinados o desaparecidos por todo el estado, incluyendo el caso de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos, pese a los esfuerzos de una comisión de mediación establecida por el Congreso. La Comisión ha apuntado absoluta falta de voluntad política por parte del gobierno federal para resolver el caso.
El público ha perdido la confianza en el gobierno para la protección de sus derechos. Cuando nos reunimos con la comisión estatal de derechos humanos, el comisario manifestó su voluntad de investigar todas las quejas, pero dijo que la comisión había recibido muy pocas. La razón no fue difícil de encontrar. Cuando preguntamos a los quejosos si habían denunciado sus casos, por unanimidad nos contestaron que no, argumentando que nunca pasarían la barrera de un gobierno estatal, cómplice mismo de los delitos.
El asesinato del periodista estadounidense Brad Will es, tal vez, el caso más conocido y un ejemplo clásico de la forma como la impunidad funciona en el estado. Bajo presión internacional, el estado inició una investigación que desembocó en la nada, a pesar de que la evidencia forense y testigos oculares implicaban a sicarios vinculados con el gobierno local. Después, increíblemente, arrestaron a uno de los miembros del movimiento de protesta por el asesinato de Will, a quien tuvieron que dejar libre cuando la presión internacional se incrementó denunciando que hacer de la justicia una farsa era aún peor que no hacer justicia, con esto, el caso regresó a su punto de partida – la impunidad.
La Suprema Corte de México determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en el levantamiento de 2006. Pero no se le fincaron ni cargos criminales ni se iniciaron procedimientos de destitución.
Este último ataque repite tanto los ciclos históricos como los contemporáneos de la violencia. Gente de fuera, codician una vez más la región Triqui. Ahora son intereses mineros los implicados y las poblaciones indígenas autónomas se interponen en el camino de sus intereses. Poner a la caravana en la mira de su ataque buscaba expresamente deshacerse de los líderes del movimiento popular opositor al gobierno del estado y los movimientos para la protección de los recursos naturales. Bety Cariño era uno de los líderes más activos del estado del movimiento contra la minería y de la defensa de los derechos indígenas.
Derechos Humanos y la indiferencia de los Estados Unidos
La emboscada del 27 de abril logró sacudir a una nación acostumbrada a la violencia en las noticias. La cuota de treinta o más víctimas diarias de la Guerra Contra las Drogas ya es un recuento habitual en México. Pero el cálculo de agresiones contra una misión de derechos humanos transpuso alguna línea invisible. Miembros del Parlamento Europeo, la Embajada de Finlandia, y el Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido una investigación completa. El gobernador Ruiz, exhibiendo la característica de arrogancia de su gobierno, anunció que iba a llevar a cabo una investigación -de los documentos de inmigración de los extranjeros en la caravana.
Las violaciones a los derechos humanos en México han sufrido una escalada ascendente en los últimos años. A partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, las quejas contra las fuerzas armadas se han incrementado en seis tantos. Las muertes de civiles han aumentado en el contexto de la militarización, y la nación se enfrenta a una crisis de confianza en la capacidad –o voluntad- del gobierno para proporcionar la mas elemental seguridad humana.
El Departamento de Estado estadounidense ha ignorado esta crisis para justificar su apoyo a la fallida guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Las ayuda para la Seguridad a México, bajo la Iniciativa Mérida, establecían como requisito la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos, que mostrará avances para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, terminar con la tortura, y avanzar en la investigación del asesinato de Brad Will. El Departamento de Estado postergó la presentación del informe hasta el año pasado cuando sometió un informe sin demostrar progreso alguno y simplemente interpretó el requisito como la simple elaboración de un reporte.
La ayuda de Seguridad a policías y a fuerzas armadas que violan sistemáticamente los derechos humanos sólo refuerza el sistema de violaciones. La capacitación en derechos humanos por corporaciones estadounidenses no harán ninguna diferencia en la ecuación—obviamente el problema no es la falta de capacitación, sino la falta de voluntad política. Mientras las mismas fuerzas políticas que cometen las violaciones reciban apoyo y ayuda, son incentivados a continuar con prácticas que dañan a la sociedad y destruyan vidas.
México está hoy frente a una disyuntiva crucial. Sus frágiles instituciones se han visto sacudidas por la respuesta inadecuada al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y por la desigualdad y la injusticia de la vida cotidiana. El sistema de justicia sigue amarrado a los intereses de un débil gobierno federal que tiene temor a la protesta popular y a los gobiernos estatales y locales, en casos como Oaxaca, controlados por déspotas. La corrupción que emana de los carteles de la droga, robustece la impunidad.
México puede asumir el reto de fortalecer sus instituciones democráticas, o puede retroceder a gobernar por la ley de la fuerza y el autoritarismo. El rígido y estrecho enfoque del gobierno de los Estados Unidos que sólo contempla asuntos de seguridad, ignorando las sistemáticas violaciones de a los derechos humanos fomenta lo anterior. Este gobierno debería centrarse en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional al interior de sus propias fronteras y canalizar su ayuda a México para proyectos de desarrollo que fortalezcan los derechos humanos, el empoderamiento ciudadano, y la construcción de paz y bienestar.
Los grupos internacionales deben tomar medidas
Una reciente carta de las organizaciones mexicanas establece lo siguiente:
“Repudiamos esta agresión, sin precedentes en nuestro país, y fincamos esponsabilidades en el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los líderes políticos de la UBISORT organización causante del clima de violencia en la región. Exigimos que los responsables de este atentado sean castigados. También exigimos garantías para la seguridad y las vidas de los sobrevivientes de la caravana; el cese inmediato de todos los actos de agresión contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sus funcionarios locales, y sus habitantes; la inmediata retirada del bloqueo alrededor del municipio, y el respeto del derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Rechazamos la utilización de la violencia como un pretexto para la militarización de la zona Triqui y demandamos que pongan fin a las acciones de grupos paramilitares”.
Las organizaciones internacionales y personas interesadas deberían seguir el ejemplo de los firmantes de esta carta y demandar una investigación completa. El papel del gobierno del estado de Oaxaca con Ulises Ruiz debe de aclararse fehacientemente. La impunidad no es solamente una ausencia de justicia y su debida sanción; es una incubadora de violencia y de delincuencia. Cuando la impunidad se convierte en política de Estado, el Estado de Derecho se desmorona.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.
*Laura Carlsen (lcarlsen@ciponline.org) es directora del Programa de las Américas (www.cipamericas.org) para el Centro de Política Internacional de la Ciudad de México. Este artículo apareció originalmente en la Política Exterior en Foco página web: http://www.fpif.org/articles/mexico...
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El aporte zapatista a los trabajadores
Admin el 26-05-2010, 11:20 (UTC) | | | Por: Rafael Pompilio Santeliz
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició un proceso de reinterpretación de la realidad social contemporánea que toca no sólo a México sino a Latinoamérica. Proceso que conlleva la reinvención de la izquierda en parámetros menos manualescos.
El 1 de mayo de 1994 denunció “la triple alianza entre el mal gobierno, los líderes corruptos y los poderosos señores del dinero”. Esto podría entenderse como una lucha contra el monopolio estatal y la burguesía financiera, más que contra la clásica burguesía industrial. Los ataques del EZLN se centran en el neoliberalismo, asimilado a “una Cuarta guerra mundial” en contra de la humanidad entera. La visión de una conflictividad ligada al hecho de que los trabajadores sean desposeídos del fruto de su trabajo mantiene su vigencia.
Los explotados de los que hablan los zapatistas no son únicamente los obreros que trabajan en las fábricas y en zonas urbanas sino todos aquellos que dependen de su fuerza de trabajo para vivir o sobrevivir, sin importar si tienen o no la ocasión de utilizarla. Su invocación no sólo es a los excluidos, también a las estructuras organizativas gremiales, de clase, o lo que se ha entendido como tales hasta hace poco tiempo.
La explotación, que es la base de la insubordinación contra el neoliberalismo, está planteada en un nivel de generalidad que permite comprender en la categoría de explotados lo mismo al negro en Sudáfrica, como al homosexual en San Francisco, al asiático en Europa, al chicano en California, al anarquista en España, al palestino en Israel, al judío en Alemania. Los explotados, en este nivel de generalidad, abarcarían tanto al trabajo, es decir, de tipo productivo, a su familia y a todos los que, siendo prescindibles o imprescindibles para garantizar la reproducción global, no son considerados productivos. Aquí el ejército industrial de reserva marxista adquiere aquí una redimensión.
. Plantean una estratificación social, no ya por clases sociales sino por categorías de ciudadanos, a saber: “Los de primera (la clase gobernante), los de segunda (los partidos políticos de oposición) y los de tercera (el resto de los ciudadanos). Los indígenas estarían en la muy inferior categoría de ciudadanos en formación. Las primeras categorías de ciudadanos, las ocupan miembros relevantes del sistema política a quienes se les está “acusando” de ser partícipes de los beneficios de la ciudadanía.
La noción de ciudadanía que se puede extraer está vinculada al acceso a los mecanismos políticos, a través de los cuales se accedería al bienestar económico. Esta identificación resulta sintomática de un modelo “tutelar”, privilegios de relaciones corporativas entre el Estado y los grupos, determinándose mediante éstas las negociaciones, las concesiones y la distribución de beneficios.
Entre los ciudadanos de primera y de segunda que son el grueso del sistema político, se incluye a los sindicalistas y a los líderes e intermediarios oficialistas Los de tercera serían, principalmente, los pobladores del México de en medio y del México de abajo quienes sin tener un acceso directo a las negociaciones políticas, se mantienen en la vida política a través de luchas, reclamaciones, organizaciones sociales, marchas, huelgas, etc. La caracterización del México indígena es la del ciudadano en formación, sin acceso a lo económico ni a mecanismos establecidos para luchar por ello.
Estas graves condiciones de pobreza, para el EZLN, tienen una causa común: “la falta de libertad y democracia”. Esto podría entenderse como el derecho a luchar por los derechos esenciales, como la estructuración de la acción colectiva, pero de un modo nuevo, no cooptada por el sistema político.
El subcomandante Marcos denuncia la fragmentación de los oprimidos y llama a la unidad en la lucha. Por la diversificación de los procesos productivos se alude en algunas ocasiones a los excluidos y en otra a los explotados, se toma en cuenta la multiplicación de instrumentos y espacios de mediación social que provoca un desdibujamiento de las relaciones de explotación.
Enrique Dussel plantea el significado y la potencialidad revolucionaria de la irrupción de los excluidos. Define como momento ético el tránsito del rechazo por parte de los pobres de un estatus de “cosa funcional” (dispensable) a considerarse “ser persona” como una transformación de la incomunicabilidad de los excluidos a condiciones concretas de participación como sujetos: Dussel (1992, pp. 81-83) sitúa la cuestión democrática en este ámbito de transformaciones político-culturales, a la vez que la teoriza como una argumentación liberadora. “Sólo la irrupción del Otro puede permitir proyectar (y realizar) una comunidad futura más justa, sobre otras bases, como una nueva alternativa: una “comunidad de comunicación histórico- posible” (una “utopía concreta” que no es ni la “real” ni la “ideal”); un “proyecto de liberación”, -algo más que una emancipación... Sólo por la afirmación de la exterioridad del Otro puede irrumpir en la Totalidad... la posibilidad de negar la negación; es decir, el “acuerdo” acordado en el pasado puede ser puesto en cuestión por la necesidad de un “nuevo” argumentar. El “fundamento de la argumentación del Otro irrumpe como novedad, relanza el proceso vital argumentativo de la racionalidad. Desde el “no-ser” se crea la posibilidad... de nueva objetualidad, nuevos paradigmas científicos y político-económicos, nuevos argumentos y contenidos argumentativos.
Plantean además, las profundas modificaciones tecnológicas y organizativas que el capitalismo introduce. Desde esta perspectiva, la aplicación de la electroinformática en el proceso de reproducción material de la sociedad como núcleo tecnológico básico, forma parte de las condiciones objetivas que han permitido la confluencia de grupos sociales sumamente diversos, cuyo rasgo común parece ser su carácter ciudadano. Podría ser que el movimiento zapatista sea la expresión moderna de interpretación de la lucha de clases
Ana Esther Ceceña, realiza algunas hipótesis que parten de las nuevas condiciones entre el capital y el trabajo. Afirma que, en la medida en que avanza la concentración del capital y el dominio sobre espacios no capitalistas, lo hace también la desposesión o exclusión de amplias capas sociales de las decisiones del poder que, por ello, se ven compelidos a reclamar por diferentes vías sus derechos ciudadanos. Aquello que ha sido conceptuado por muchos como los nuevos sujetos sociales, en realidad es expresión de la nueva versatilidad del sujeto que comparte con el anterior, mucho más preciso y tangible, el desposeimiento de capacidad decisoria social y la necesidad de convertirse en real sujeto de la historia para lograr su emancipación.
En los últimos años observamos un desplazamiento de las bases de organización social desde la esfera de la producción hacia la reproducción y, por tanto, reivindicaciones de ciudadanía, de pertenencia a la nación y de igualdad de derechos más que propiamente de clase.
La sociedad civil posee varias acepciones en el zapatismo; la entienden como “la sociedad en lucha” para afirmar cualquier control sobre su vida y su futuro, sin aspirar a ganar el poder gubernamental. La sociedad civil, esta gente sin partido, que no aspira a estar en un partido político en la medida en que no aspira a ser gobierno, a lo que aspira es a que el gobierno cumpla su palabra, que cumpla su trabajo.
El proceso de cambio donde se involucra cualitativamente a la sociedad civil tendría que ver con la voluntad, la organización y la conciencia de sus posibilidades:
Pero la ciudadanía es sólo una parte del asunto, existen demandas más profundas que tienen que ver con el sujeto individual y colectivo, en donde los zapatistas operan una crítica del todo político. En el fondo lo que han dado a llamar “sociedad civil” es esencialmente un espacio emancipado de poder, que permita afirmar a los sujetos individuales y colectivos.
En lo referente a lo diverso, (o a sus comportamientos, ya que la tendencia neoliberal también utiliza el término con otros contenidos) que implica la referencia de sociedad civil, el Subcomandante Marcos sostiene: “Nosotros decimos: No le tememos a que haya tendencias fascistas en la sociedad civil. Si hay una propuesta equilibrada de acceso a los medios, de contacto con la gente, nosotros apostamos a que las propuestas más humanas, más racionales, más justas, más libres y más democráticas son las que van a triunfar sobre las otras. No se trata de aniquilarlas sino de que entren en ese espacio y ahí se decida. Que no decida la fuerza sino que decida la razón”. La profundización de la democracia y la razón como arma para construir son enarboladas constantemente por el zapatismo, en lo que han dado a llamar una Nueva Cultura Política.
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Zapatistas, la guerrilla dormida
admin el 23-05-2010, 21:20 (UTC) | | | El enigmático y enmascarado subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya no sale en los medios. Su guerrilla, en armas desde hace 16 años, se mantiene oculta y silenciosa. Y aunque los rumores de una acción zapatista recorrieron el inicio del año la capital simbólica de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, la ciudad permanece en calma. Las especulaciones se multiplicaron porque 2010 es año de celebraciones en México, el bicentenario de la Independencia y, sobre todo, el centenario de la Revolución de 1910, la que el EZLN quiso emular en 1994 al considerar que los objetivos de Emiliano Zapata no se habían cumplido para los indígenas. "Los zapatistas no actúan nunca cuando se les espera", afirman los expertos que, sin embargo, no descartan algún movimiento del grupo este año.
Motivos no faltan. Como recuerda el investigador Mauricio Merino, la desigualdad, la ineficacia, la corrupción y la inseguridad eran los males de México hace 200 años, hace 100 y también hoy en día. Chiapas es, además, el estado más pobre, aunque en los últimos años los gobiernos estatal y federal han invertido ingentes sumas de dinero sobre todo en carreteras y, como denuncian algunos, para comprar voluntades.
"El Gobierno ofrece dinero para que dejemos de exigir responsabilidades y para dividir al pueblo", denuncia Sebastián Pérez, presidente de Las Abejas, un colectivo simpatizante del EZLN que sufrió en sus carnes la masacre de Acteal, el asesinato en 1997 a manos de paramilitares y ante la inacción del ejército de 45 hombres, mujeres y niños cuando rezaban en la iglesia. Doce años después, Acteal sigue exigiendo justicia, pero no llega. "Mire aquella casa, allí vive uno de los que participaron en la masacre y que acaba de ser liberado por la Corte Suprema. Eso genera mucha tensión, el puesto del Ejército sigue a unos cientos de metros y en la zona hay muchas armas. La situación cada vez se parece más a la de antes del 1997 cuando se presionó contra civiles para que la guerrilla zapatista actuara".
Por eso Pérez es de los que cree que sí que puede haber un estallido en cualquier momento. "Muchas organizaciones están hartas porque no hay justicia ni soluciones para los indígenas".
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha denunciado "un incremento de las agresiones" contra comunidades zapatistas, simpatizantes del EZLN o defensores de derechos humanos en lo que va de año tanto por parte de distintos grupos paramilitares como de las autoridades, "acciones preventivas" que se llevan a cabo con la "excusa" de los miedos a una explosión social en el año de centenario, unos temores que, según esta ONG, las propias autoridades se han encargado de alimentar para justificar sus actos.
El Ejército tiene una gran presencia en este estado fronterizo, al menos 12.600 efectivos con más de 70 campamentos. Su objetivo es luchar contra el tráfico de drogas, armas e indocumentados que cruzan esa frontera sur, pero también controlar a la guerrilla, no sólo del EZLN sino también del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), los únicos que han actuado en los últimos años con ataques contra oleoductos o secuestros.
Pero haya acciones o no, el Estado mantiene la misma política contrainsurgente desde 1994, critica el Frayba, "aunque ahora no sea tan visiblemente agresiva", asegura un portavoz.
Mientras tanto, el EZLN, que libró una guerra, firmó acuerdos y se retiró a la selva cuando el Estado olvidó dichos pactos -logrando esquivar al terrorismo y los vínculos con el narcotráfico que infectaron a otros movimientos armados de la región-, observa ahora en silencio el lento desarrollo de sus dos principales logros políticos: la creación en 2003 de un peculiar sistema de gobierno autónomo, los caracoles, entidades de gestión de los municipios rebeldes que funcionan totalmente al margen del Estado mexicano y se gobiernan en grupo y con cargos rotatorios; y el lanzamiento en 2006 de La otra campaña, un movimiento político-social a nivel nacional de postulados antiliberales que no aspira a tomar el poder sino a cambiar la forma de hacer política.
Los caracoles han podido funcionar gracias a la ayuda internacional, pero el reto es ahora, según explica Sergio Rodríguez, uno de los ideólogos del zapatismo, conseguir suficientes recursos para la autogestión a través del comercio justo de sus productos, como el café o las artesanías.
"Entra usted en territorio zapatista en rebeldía, aquí manda el pueblo y el Gobierno obedece", anuncian los letreros a la entrada de las comunidades autónomas. Algunos les critican porque ocuparon tierras de finqueros o por ser utópicos trasnochados.
Otros destacan que gracias a los caracoles ahora disfrutan de un hospital y escuelas de secundaria impensables hace años.
Los zapatistas tienen claro que con paciencia y lentamente, como avanza el caracol, se consiguen cosas. Y demuestran esa paciencia al explicar una y otra vez a todos los que les visitan, curiosos y turistas revolucionarios, su forma de vivir en rebeldía. | | | |
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